Alejandro Fernández desde Girona el separatismo y la izquierda: Con la okupación son unos hipócritas
Alejandro Fernández desde Girona el separatismo y la izquierda: Con la okupación son unos hipócritas
El pasado sábado, en el Hotel Ultonia de Girona, el Partido Popular celebró su acto de vivienda “Més Habitatge” con una puesta en escena pensada para ser inequívoca: aquí hay un problema que ya se ha desbordado y, según el PP, también hay responsables políticos con nombre y apellidos. En el escenario estuvieron el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, junto a la diputada nacional y portavoz en la Comisión de Vivienda, Cristina Agüera; las diputadas autonómicas y miembros de la Comisión de Territorio y Vivienda, Eva García y Àngels Esteller; el presidente del PP en Girona, Daniel Ruiz; y la presidenta de la unión de propietarios Som Habitatge, Núria Garrido.
Fernández abrió con una acusación directa: el “fracaso del modelo Colau” en vivienda. Según sostuvo, esa forma de gestionar ha acabado contagiando al Govern de Cataluña y al Gobierno de España, y el balance es una mezcla tóxica de intervencionismo, burocracia y permisividad que ha hecho saltar por los aires el acceso a la vivienda. En su relato, la vivienda ya no es solo un problema económico: se ha convertido en una losa social que bloquea proyectos vitales y corta la respiración a familias enteras.
En ese marco, recordó al auditorio que la vivienda se ha convertido en la primera preocupación de los españoles y que en Cataluña, en sus palabras, “se está condenando a toda una generación de jóvenes que no ve futuro de ningún tipo”. Fernández contrapuso esa realidad con una comparación muy concreta: la generación de 1996 a 2004 pudo acceder al mercado y organizar familia y plan de vida; la actual, dijo, se está quedando fuera del tablero, sin margen para empezar nada y con la sensación de que cada año será peor que el anterior.
Después llegó el golpe que buscaba titulares y, sobre todo, que buscaba señalar culpables. Fernández cargó contra el separatismo y la izquierda por, según afirmó, haber llevado a Cataluña a convertirse en el “paraíso okupa de toda Europa”. Para sostenerlo, puso un dato encima de la mesa: aseguró que el 43 por ciento de las okupaciones de España se producen en Cataluña. A partir de ahí, remató con la frase que presidió el acto: “Con la okupación son unos hipócritas”.
Según explicó, esa hipocresía consiste en justificar o blanquear la ocupación ilegal hasta que deja de ser una estadística y se vuelve un problema personal. Para ejemplificarlo, citó casos concretos: la dirigente de Podemos Gemma Galdón, el exalcalde de Caldes de Malavella Salvador Balliu y el exdiputado Benet Salellas. El mensaje del PP fue deliberadamente crudo: cuando la ocupación les toca, a muchos se les acaban las excusas, pero el daño ya está hecho y lo pagan propietarios, inquilinos y barrios enteros.
Fernández también quiso desmontar, sin paños calientes, el relato con el que la izquierda explica el origen de la crisis. Pidió a los suyos “no tener complejos a la hora de rebatir las mentiras” cuando se culpa al Gobierno de Aznar y a la liberalización del suelo. Su tesis fue que la gran crisis inmobiliaria tuvo que ver con la irresponsabilidad crediticia, y no con esa liberalización. Situó el epicentro en Estados Unidos, pero advirtió de que en España esa irresponsabilidad tuvo actores propios: las cajas de ahorros intervenidas por el poder político. Y en Cataluña señaló dos protagonistas, en su versión, especialmente claros: Convergència y el PSC.
Desde ahí, describió lo que, según su diagnóstico, está corroyendo el mercado hoy. Criticó la intención de imponer al propietario el precio al que debe alquilar, y denunció la obligación de imponer a los constructores un porcentaje de protección oficial que calificó de “absolutamente insostenible” y que, dijo, hace inviable la construcción de pisos. Añadió otro golpe: sostuvo que la propia Administración se está disparando al pie, autoimponiéndose condiciones “draconianas” que ni siquiera le permiten movilizar su parque público y su suelo.
Con ese retrato, Fernández contrapuso la receta del PP como una política de seguridad jurídica y de estímulo real a la oferta. Defendió seguridad, tranquilidad, garantías y protección tanto para propietarios como para inquilinos que cumplen. Planteó dar facilidades a los constructores respetando limitaciones urbanísticas, medioambientales y el modelo de ciudad. Habló de ayudar con bajadas de impuestos a quien quiere comprar, fomentar la colaboración público privada, combatir la ocupación ilegal y permitir que jóvenes trabajadores puedan acceder a su primera vivienda, sin que el sistema les cierre la puerta antes de siquiera intentarlo.
En ese mismo hilo, recordó que Alberto Núñez Feijóo eligió Cataluña para presentar su Plan Nacional de Vivienda, precisamente por ser una de las comunidades más afectadas por la escasez, por la ocupación y por lo que el PP describe como un nivel de intervención pública que agrava la falta de oferta y multiplica los conflictos.
El acto incluyó una mesa redonda que mantuvo el tono y añadió munición política y cifras. Àngels Esteller, que moderó, sostuvo que las políticas de vivienda del Govern, “condicionadas por los Comuns”, suponen una “limitación absoluta” del derecho de propiedad. Señaló trabas burocráticas que frenan la construcción de vivienda nueva, permisividad con la ocupación y una falta de oferta que, en su argumentación, se agrava precisamente por esas decisiones políticas.
Núria Garrido, como presidenta de Som Habitatge, insistió en el golpe a las clases medias y a toda la industria auxiliar inmobiliaria. Avisó de que aún es pronto para medir todo el impacto porque, según dijo, “estamos en el inicio”, pero aseguró que ya aparecen derivadas preocupantes: familias que no encuentran alquiler, jóvenes que tampoco, y personas que quedan excluidas del mercado de compra. Añadió un dato de tamaño laboral: habló de 40.000 trabajadores que dependen de la industria del alquiler y su ecosistema asociado, con servicios como reformas, gestión de inmuebles, mantenimiento o limpieza.
Eva García defendió que lo necesario es un marco normativo que permita liberar suelo y construir vivienda, y acusó a los partidos de izquierda de torpedear esa posibilidad mientras no despliegan políticas activas efectivas. Para ilustrarlo, citó que en Cataluña el 94 por ciento del suelo es no urbanizable. Y remató con una comparación que buscaba dejar una imagen nítida: “si hace 200 años hubiéramos tenido gobernando a los mismos que ahora, Barcelona sería poco más que plaza Cataluña”.
Cristina Agüera, por su parte, atribuyó la situación al intervencionismo del Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios, al que responsabilizó de expulsar viviendas del mercado. Citó una estimación del Banco de España: faltarían 700.000 viviendas en España, y cada año podrían faltar más de 100.000 si se mantiene la tendencia. También acusó al Ejecutivo de prometer cifras sin resultados, poniendo como ejemplo el anuncio de 124.000 viviendas en 2023 que, según afirmó, todavía no se han materializado. Y señaló el bloqueo de propuestas del PP, como una ley contra la ocupación ilegal o la ley del suelo, aprobada en el Senado y, según dijo, paralizada en el Congreso durante más de un año pese a ser reclamada por el sector.
El cierre del acto fue, en esencia, una acusación política sin anestesia y una promesa de alternativa. El PP defendió que el acceso a la vivienda no se arregla con controles que espantan la oferta ni con discursos que normalizan la ocupación, sino con seguridad jurídica, construcción viable y protección a quienes cumplen. Y, a la vez, señaló a sus adversarios como responsables de haber empujado el mercado al borde del colapso: separatismo e izquierda por justificar, intervenir y bloquear, y los gobiernos que, según su relato, han preferido el eslogan al ladrillo, el control al crecimiento y la excusa a la solución.
