El celador de Olot, asesino de 11 ancianos en una residencia, se cambia de sexo e ingresa en el módulo de mujeres

Foto Agencia EFE

La ley trans y la quiebra del sentido común en prisión

Lo ocurrido con el celador de Olot no es una anécdota incómoda ni un detalle administrativo sin importancia. Es la consecuencia visible de una política que decidió rebajar los controles, vaciar de prudencia decisiones delicadas y llamar avance a lo que, en la práctica, puede convertirse en un disparate. Joan Vila Dilmé fue condenado por el asesinato de once ancianos en la residencia La Caritat de Olot y cumple una pena de 127 años y medio de prisión. Ahora, tras iniciar un proceso de transición, ha sido trasladado al módulo de mujeres de Puig de les Basses.

Conviene hablar claro y sin trampas. Aquí no hay una sola pieza, sino dos. Por un lado está la Ley 4/2023, la llamada ley trans estatal, impulsada por el Ministerio de Igualdad que dirigía Irene Montero, dirigente de Podemos, y aprobada por el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. Esa norma consolidó la autodeterminación registral del sexo sin informes médicos ni psicológicos previos para las personas mayores de 16 años. Por otro lado está la Instrucción 1/2019 del sistema penitenciario catalán, dictada cuando la Conselleria de Justícia estaba en manos de Ester Capella, de Esquerra Republicana, que abrió la vía para que los internos trans pidan ser tratados y ubicados conforme a la identidad de género manifestada.

No es un matiz menor. La ley estatal no dice literalmente que haya que trasladar a un asesino al módulo femenino. Sería demasiado burdo hasta para quienes redactan a golpe de consigna. Pero sí fija un marco político y jurídico en el que la identidad declarada pasa a ocupar el centro, mientras la cautela queda arrinconada. Y la instrucción catalana aterriza ese enfoque dentro de prisión. Juntas forman el cóctel perfecto para que el sentido común salga esposado por la puerta de atrás.

El resultado es difícil de digerir para cualquier persona que no haya cambiado la realidad por un panfleto. Un asesino múltiple, condenado por once crímenes, termina en un módulo de mujeres porque el sistema ha decidido que la autodefinición pesa más que la prudencia extrema que debería regir en una cárcel. Y no, decir esto no equivale a atacar a todas las personas trans. Esa caricatura barata solo sirve para blindar leyes defectuosas frente a cualquier crítica seria. Aquí no se está juzgando la dignidad de nadie. Se está señalando la irresponsabilidad de quienes legislaron y protocolizaron un terreno en el que el margen de error debería ser mínimo.

Hay algo profundamente torcido en todo esto. Durante años se ha repetido que cuestionar estas normas era poco menos que una herejía civil. Se descalificó a quien advertía de los abusos posibles. Se tachó de fanático al que pedía filtros. Se presentó como progreso impecable lo que, en realidad, era una arquitectura legal llena de puntos ciegos. Ahora aparece un caso extremo, brutal, imposible de maquillar, y de repente muchos descubren que las leyes mal pensadas no se quedan en los eslóganes. Acaban entrando en juzgados, registros y prisiones.

Tampoco sirve esconderse detrás de la fórmula burocrática de que cada caso se estudia individualmente. Eso suena muy técnico, muy limpio y muy responsable, hasta que choca con la realidad del caso que hoy indigna a media España. Si el sistema termina colocando en el módulo femenino a un condenado por once asesinatos, el problema no es solo de ejecución. El problema es de diseño. Porque un sistema serio no se prueba por cómo funciona en el caso fácil, sino por cómo responde al caso límite. Y aquí la respuesta ha sido una bofetada al criterio.

La responsabilidad política tiene nombres. Irene Montero y Podemos empujaron desde el Gobierno la ley que convirtió la autodeterminación del sexo en eje legal sin necesidad de informes previos. El PSOE la sacó adelante con ellos. En Cataluña, Ester Capella y ERC estaban al frente del departamento que aprobó la instrucción penitenciaria que adapta esa lógica al interior de las cárceles. Luego llegan las ruedas de prensa, los portavoces de laboratorio y los tecnicismos para diluir culpas. Pero la cadena de decisiones existe y está escrita.

Lo más grave no es solo el escándalo de hoy. Lo más grave es el mensaje de fondo: en España se puede construir un marco legal tan obsesionado con la consigna que incluso en prisión se difuminan los límites que nunca debieron tocarse. Cuando una ley deja de distinguir entre reconocimiento de derechos y protección de espacios especialmente sensibles, deja de ser prudente y empieza a ser temeraria. La Ley 4/2023 está en el BOE. La Instrucción 1/2019 de prisiones, en Cataluña, también. Y los nombres políticos que empujaron ese camino no son ningún misterio.