Irán ejecuta en la horca a Saleh Mohammadi, campeón de lucha libre de 19 años
Irán ejecuta en la horca a Saleh Mohammadi, campeón de lucha libre de 19 años.
El 19 de marzo, la República Islámica de Irán gobernada por los Ayatolas lo ejecutó en Qom junto a Mehdi Ghasemi y Saeed Davoudi tras vincularlos a la muerte de dos policías durante las protestas de enero. El régimen habla de justicia. Las organizaciones de derechos humanos hablan de confesiones arrancadas bajo tortura, juicios acelerados y condenas dictadas para sembrar miedo. Viendo el historial de los ayatolás, cuesta mucho creer que aquello fuera un proceso judicial y no una exhibición calculada de poder.
Amnistía Internacional llevaba semanas alertando de que Saleh había sido detenido el 15 de enero y condenado a muerte el 4 de febrero en un procedimiento exprés. También denunció que él y otros acusados fueron juzgados en procesos viciados, apoyados en confesiones contaminadas por tortura. No era el único. El 20 de febrero, la propia organización advirtió de que al menos ocho personas ya habían sido condenadas a muerte por hechos ligados al levantamiento de enero y que otras veintidós estaban en riesgo en juicios igualmente marcados por la falta de garantías. Es decir, el Estado primero golpea, luego fuerza un relato y por último cuelga al acusado para cerrar el círculo. Eso no es justicia. Es terror de Estado con toga, fiscal y cuerda.
La ejecución de Saleh no es un exceso aislado. Es la firma de un sistema. En febrero, expertos de la ONU advirtieron de que el verdadero alcance de la represión desatada tras las protestas iniciadas a finales de 2025 seguía siendo imposible de medir. Incluso con las cifras oficiales ya había una barbaridad: las autoridades iraníes habían reconocido 3.117 muertes y alrededor de 3.000 detenciones, mientras organizaciones de derechos humanos elevaban la magnitud a decenas de miles de víctimas. Entre los detenidos y muertos, decía la ONU, había niños, abogados, médicos, periodistas, artistas y ciudadanos corrientes. Esa es otra clave que conviene no olvidar: el régimen no solo persigue a militantes o activistas conocidos. Persigue a la sociedad cuando se mueve.
Irán no gobierna con ley. Gobierna con ejemplo. Saleh Mohammadi fue convertido en ejemplo. Un joven deportista, visible, reconocible, con un nombre capaz de sacudir a miles de chavales iraníes. El mensaje es transparente incluso cuando el régimen intenta disfrazarlo con lenguaje religioso o penal: si protestas, puedes acabar colgado; si destacas, también; si tu historia puede inspirar a otros, mejor todavía, porque tu caída sirve de advertencia pública. La horca convertida en campaña de comunicación del Estado.
Quien crea que esto empezó con Saleh llega tarde décadas. La máquina lleva funcionando mucho tiempo. En noviembre de 2019, durante las protestas por la subida del combustible, Amnistía documentó con nombres y apellidos 321 personas muertas a manos de las fuerzas de seguridad iraníes entre el 15 y el 19 de ese mes. No hablamos de una cifra soltada al aire en un mitin. Hablamos de una investigación que recopiló identidades concretas de hombres, mujeres y menores abatidos en la calle. Y aun así, la propia Amnistía sostuvo que el número real podía ser mayor. El patrón ya estaba ahí: represión fulminante, apagón informativo e impunidad.
En 2022, el caso de Jina Mahsa Amini volvió a desnudar al régimen ante el mundo. La misión internacional independiente de la ONU concluyó que la violencia física bajo custodia provocó su muerte y que el Estado fue responsable de una muerte ilícita. Pero lo más grave no fue solo ese caso. La misma misión sostuvo que la represión de las protestas de Mujer, Vida, Libertad incluyó asesinatos extrajudiciales, tortura, violaciones, desapariciones forzadas y persecución por razón de género, y que muchos de esos hechos pueden constituir crímenes de lesa humanidad. En su actualización de septiembre de 2024, la misión hablaba de una cifra creíble de 551 personas muertas, entre ellas hasta 49 mujeres y 68 niños. No es una deriva autoritaria más. Es un modelo de dominación asentado sobre la violencia institucional.
A eso se suma la pena de muerte convertida en herramienta de gobierno. Amnistía informó de que, antes de acabar septiembre de 2025, Irán ya había ejecutado a más de 1.000 personas, la cifra anual más alta que la organización había registrado en al menos quince años. Más de 1.000. Antes de octubre. Cuando un Estado mata con ese ritmo no se puede seguir hablando de un sistema penal severo. Hay que llamarlo por su nombre: un aparato punitivo usado para infundir miedo, aplastar disidencias y triturar a los más vulnerables.
Por eso el caso de Saleh importa tanto. No es solo la tragedia de un chaval de 19 años. Es la prueba de que el régimen combina todas sus herramientas con una lógica escalofriante: detención, tortura, confesión forzada, juicio sin garantías, condena y ejecución. Y después, propaganda. Después, silencio. Después, el intento de acostumbrar al mundo a lo insoportable. El problema es que el régimen de los ayatolás lleva demasiado tiempo beneficiándose de esa costumbre internacional: condenas tibias, comunicados previsibles y una resignación diplomática que a menudo se parece demasiado a la cobardía.
Y todavía hay una memoria más larga, más oscura, que desmonta cualquier intento de presentar estas barbaridades como errores recientes. En 2022, el relator especial de la ONU celebró la condena en Suecia de Hamid Nouri por su implicación en las ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas de presos políticos en 1988. El propio relator recordó que organizaciones civiles estiman que fueron ejecutados varios miles de presos políticos. Es importante decirlo claro: la sangre no es una anomalía en la historia de la República Islámica. Es parte de su arquitectura.
El régimen iraní no solo reprime. Escarmienta. No solo encarcela. Destruye. No solo ejecuta. Convierte la muerte en lenguaje político. Saleh Mohammadi es hoy el nombre que obliga a recordarlo porque su historia duele de una forma especialmente nítida: 19 años, un deportista, una vida al inicio, una soga al final. Pero detrás de su caso hay una montaña de muertos anteriores y, si nadie logra frenar esta maquinaria, hay también una cola de nombres esperando su turno.
Conviene no suavizarlo para que resulte más diplomático ni más cómodo. Un poder que mata manifestantes, que encubre muertes bajo custodia, que normaliza la tortura, que arranca confesiones y que utiliza la horca como herramienta disciplinaria no puede presentarse como un gobierno normal con excesos puntuales. Es una teocracia represiva que ha hecho del miedo su sistema y de la muerte, demasiadas veces, su argumento definitivo.
