Peinado cierra la instrucción y procesa a Begoña Gómez por cuatro delitos

Peinado cierra la instrucción y procesa a Begoña Gómez por cuatro delitos

Lo de este lunes no es un contratiempo menor ni una simple salpicadura para Moncloa. Es un golpe político severo, áspero y devastador contra el relato de pulcritud que Pedro Sánchez y el PSOE han intentado exhibir durante años como si fueran una franquicia moral. El juez Juan Carlos Peinado ha cerrado la instrucción y propone juzgar a Begoña Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Además, el auto mantiene el procedimiento contra Cristina Álvarez, asesora de Moncloa, y contra Juan Carlos Barrabés, y deja fuera el intrusismo profesional. Eso ya no es ruido: es un mazazo judicial con un coste político brutal.

Y no se la empuja hacia juicio por una nadería burocrática ni por un tropiezo ornamental. Según el auto, Peinado la procesa por tráfico de influencias al sostener que su condición de esposa del presidente pudo operar como una palanca de presión para obtener decisiones favorables en el entorno de la Complutense; por corrupción en los negocios, al sospechar que la captación de fondos privados y la relación con empresas no respondían a una dinámica limpia, sino a un circuito presuntamente contaminado por ventajas e intereses propios; por malversación, al atribuirle el aprovechamiento del trabajo de una asesora pagada por Presidencia en tareas ajenas a su función institucional; y por apropiación indebida, en la pieza vinculada al software desarrollado en la cátedra. El retrato que emerge no es el de una irregularidad menor, sino el de una mezcla tóxica de influencia, privilegio y recursos públicos.

Aquí es donde se rompe la gran coartada del sanchismo. Durante años ha señalado al adversario con gesto altivo, ha envuelto su poder en propaganda ética y ha querido vender una superioridad casi sacerdotal. Pero cuando el entorno más íntimo del presidente queda empujado hacia juicio por cuatro delitos de este calibre, esa pose se vuelve grotesca, impostada y profundamente hipócrita. Ya no basta con hablar de campañas, cloacas o persecuciones. Lo que queda a la vista es un poder engordado por su propia arrogancia, convencido de que la cercanía institucional era una patente de corso y no un foco de escrutinio.

El daño para Sánchez no es solo judicialmente indirecto. Es moral, político y simbólico. Porque un proyecto que ha intentado gobernar repartiendo carnés de decencia acaba retratado por su propia contradicción más incómoda. No hay sentencia, pero sí hay una imagen demoledora: la de un poder que quiso hacerse intocable y ahora aparece cercado por un caso que ha dejado de ser una molestia y se ha convertido en una vergüenza pública de enorme calibre.