De la ceja a la reja: la imputación de Zapatero

De la ceja a la reja: la imputación de Zapatero

José Luis Rodríguez Zapatero ya no aparece solo en la fotografía amable del expresidente de la ceja, el talante y las grandes palabras. Ahora aparece en otra escena bastante menos cómoda para el PSOE: citado como imputado por la Audiencia Nacional en el caso Plus Ultra, una investigación vinculada al rescate público de una aerolínea que recibió 53 millones de euros durante la pandemia. La imagen política es demoledora. Y no, esta vez no basta con tirar de manual, hablar de persecución o refugiarse en la presunción de inocencia como si fuera un escudo para no dar explicaciones.

Conviene decir lo que algunos pretenden envolver en papel de seda: que un expresidente del Gobierno acabe citado ante un juez por un caso vinculado a dinero público no es una anécdota, ni una tormenta pasajera, ni otro episodio menor de la política española. Es un golpe directo a la credibilidad del socialismo gobernante y, por extensión, al ecosistema político que Pedro Sánchez ha construido alrededor de su propia supervivencia.

La Audiencia Nacional ha citado al expresidente como imputado en la investigación relacionada con el rescate de Plus Ultra. La comunicación del Poder Judicial habla de presuntos delitos de tráfico de influencias y otros conexos. Medios nacionales como RTVE y Cadena SER han informado, además, de que la causa se vincula también a presuntos delitos de organización criminal y falsedad documental. El juez José Luis Calama ha fijado su declaración para el 2 de junio, mientras la UDEF de la Policía Nacional ha practicado registros en la oficina del expresidente y en varias sociedades mercantiles relacionadas con la investigación.

Para entender la gravedad política del caso hay que volver a 2021. En plena crisis económica derivada de la pandemia, el Gobierno aprobó un rescate de 53 millones de euros para Plus Ultra a través del mecanismo público destinado a apoyar a empresas consideradas estratégicas. Ahí empezó la polémica. Plus Ultra era una compañía de tamaño reducido, con una presencia limitada en el mercado aéreo español, y desde el primer momento surgieron dudas sobre si cumplía realmente las condiciones para recibir una cantidad tan elevada de dinero público. La pregunta era sencilla: ¿por qué esa aerolínea sí y otras no?

El caso Plus Ultra no nació de una discusión estética sobre aviones, rutas o balances empresariales. Nació de una sospecha mucho más seria: si el rescate fue aprobado correctamente, si la empresa podía considerarse estratégica y si los fondos terminaron donde debían terminar. La causa investiga si parte de ese dinero pudo acabar destinado a fines ilícitos y si existieron maniobras de influencia alrededor de la concesión y del uso posterior de la ayuda pública. Dicho en claro: el problema no es solo que el rescate oliera mal políticamente. El problema es que ahora está siendo examinado judicialmente con nombres propios encima de la mesa.

Zapatero, por su parte, ha negado irregularidades. Según Associated Press, el expresidente aseguró en una comparecencia en el Senado que nunca había recibido comisiones de Plus Ultra. Esa precisión debe constar, porque una cosa es la crítica política y otra convertir una investigación en condena anticipada. Pero la negación del imputado no elimina el problema de fondo: un expresidente socialista, pieza simbólica del PSOE, aparece ahora dentro de una causa judicial sobre un rescate público millonario concedido bajo el Gobierno de Pedro Sánchez.

Y ahí está el punto que más incomoda a Ferraz. Zapatero no es un militante de base ni un cargo orgánico perdido en una agrupación local. Es un expresidente del Gobierno, una figura de referencia para el socialismo y uno de los nombres que el PSOE ha utilizado durante años como reserva moral, mediador internacional y voz autorizada. Por eso la imputación no se queda en el terreno judicial. Tiene una dimensión política enorme. Cuando el partido que lleva años dando lecciones de regeneración ve a uno de sus grandes iconos en esta situación, el discurso se agrieta por todas partes.

Pedro Sánchez tampoco puede fingir que esto ocurre en una galaxia lejana. El rescate de Plus Ultra se aprobó bajo su Gobierno. La imputación afecta a un expresidente socialista. La investigación vuelve a situar al PSOE en el centro de una conversación incómoda sobre poder, dinero público, influencias y redes políticas. La Moncloa podrá repetir que respeta la Justicia y que confía en la inocencia de Zapatero. Correcto. Pero políticamente el daño ya está hecho.

La prensa extranjera también se está haciendo eco. Reuters ha publicado que Zapatero está siendo investigado por presunto tráfico de influencias y delitos relacionados, y ha subrayado que el caso aumenta la presión sobre Pedro Sánchez. Associated Press lo ha situado en el contexto del rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra en 2021. Euronews también ha recogido la noticia y la ha vinculado al rescate de una aerolínea relacionada con Venezuela durante la pandemia. Cuando el asunto salta fuera de España, el relato doméstico se vuelve mucho más difícil de controlar.

Ese detalle no es menor. Dentro de España, el PSOE puede intentar envolverlo todo en el envoltorio habitual: persecución de la derecha, ataque a los avances progresistas, ruido judicial, campaña política. Fuera, el titular es más seco: un expresidente socialista español, imputado en una causa relacionada con un rescate público millonario. Y esa frase, por sí sola, pesa más que cien argumentarios.

El PSOE se enfrenta ahora a una contradicción difícil de tapar. Durante años ha intentado presentarse como el partido de la limpieza democrática frente a una derecha asociada a casos de corrupción. Pero cuando las investigaciones empiezan a rozar su propio corazón político, la superioridad moral se vuelve mucho más difícil de sostener. No porque Zapatero sea culpable antes de declarar, sino porque el partido que exigía explicaciones inmediatas a los demás no puede esconderse ahora detrás de comunicados templados.

La presunción de inocencia debe respetarse siempre. Pero la presunción de inocencia no borra la obligación política de dar explicaciones. Zapatero debe darlas ante el juez. El PSOE debe darlas ante los ciudadanos. Y Sánchez, que ha construido buena parte de su carrera sobre la resistencia, la propaganda y el control del relato, tendrá que explicar por qué tantas sombras terminan apareciendo siempre cerca del mismo foco.

Zapatero fue durante mucho tiempo el símbolo de una izquierda sonriente, culturalmente segura de sí misma y convencida de que estaba del lado correcto de la historia. Hoy su nombre aparece ligado a un procedimiento judicial que investiga presuntas irregularidades en el uso de dinero público. La caída de imagen es brutal. De la ceja al juzgado. De la épica progresista al registro policial. De las pancartas morales al expediente judicial.

La Justicia tendrá que determinar si hay delito o no. Eso no lo decide un artículo, ni un partido, ni una tertulia. Pero la responsabilidad política va por otro carril. Y ahí el PSOE tiene un problema serio: explicar por qué un rescate tan discutido, concedido por el Gobierno de Sánchez, acaba ahora con Zapatero imputado y con la prensa internacional mirando hacia España como quien observa otra pieza más de un puzzle cada vez menos presentable.

Porque esta vez no hablamos de un concejal perdido, ni de una agrupación local, ni de una irregularidad administrativa menor. Hablamos de un expresidente del Gobierno imputado en un caso vinculado a 53 millones de euros de dinero público. Y eso, por mucho que el PSOE intente envolverlo, no cabe debajo de una ceja.