Las medidas por la sequía aprobadas por el Gobierno son insuficientes
El Consejo de Ministros aprobó el pasado día 15 un real decreto ley que contiene un conjunto de medidas urgentes de apoyo al sector agrario para hacer frente a la situación prolongada de sequía que compromete la producción agraria. Las medidas aprobadas son de ámbito fiscal, laboral, financiero e hidrológico. Competen a seis ministerios: el de Agricultura, el de Hacienda, Asuntos Económicos, Trabajo, Seguridad Social y Transición Ecológica. Según el ministro de Agricultura, Luis Planas, se trata de un paquete de 450 M€.
Medidas laborales que son consideradas insuficientes:
–Aplazamientos especiales, para empresas incluidas al Sistema Especial Agrario y para autónomos pertenecientes al Sistema Especial para Trabajadores por cuenta propia (SETA), de las cuotas a la Seguridad Social a un interés muy reducido, del 0,5%, siete veces inferior al habitual. En el caso de las empresas, los periodos de devengo serán entre los meses de marzo a mayo del 2022 y, para los autónomos, de abril a junio.
–Reducción del número mínimo de jornadas reales cotizadas, de 35 a 20, para acceder al subsidio por desocupación o a la renta agraria a favor de trabajadores eventuales agrarios residentes en el territorio de las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura. Estos dos son los territorios más afectados por la situación de sequía, puesto que las reservas almacenadas a las cuencas hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana apenas llegan al 30%.
–Se equipara la contratación como fijo discontinuo y la contratación eventual, a los efectos de acceso y determinación del derecho al subsidio para trabajadores eventuales agrarios y la renta agraria.
Los trabajadores con contrato de fijo discontinuo incluidos al Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social que desarrollen esta actividad en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura, cuando dejen de prestar servicios por haber finalizado o haberse interrumpido la actividad intermitente o de temporada de la empresa, o cuando se suspenda la actividad por causas económicas, tecnológicas o de fuerza mayor, o bien cuando, después de estas situaciones cesen involuntariamente en un trabajo eventual agrario, podrán tener la consideración tanto de trabajadores fijos discontinuos como de trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social a los efectos de la protección por desocupación siempre que reúnan los requisitos exigidos en cada caso.
Medidas fiscales que son consideradas insuficientes:
-Reducción del 20% del rendimiento neto para las actividades agrícolas y ganaderas que tributan por el impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF) por el método de estimación objetiva (módulos). Se estima que esta medida beneficiará 918.000 agricultores y ganaderos y reducirá la base imponible en más de 500 millones de euros.
–Exención de las cuotas del impuesto de bienes inmuebles (IBI) de naturaleza rústica para determinados productores agrarios que reúnan ciertos requisitos.
Medidas económicas:
-Línea de ayuda, en régimen de concesión directa, para la bonificación del principal de operaciones de financiación formalizadas a través de las entidades financieras, para lo cual se habilita un presupuesto de 10 millones de euros, que podrá movilizar más de 100 millones de euros al sector.
-Línea de financiación de avales en explotaciones agrarias 2,7 millones de euros, en que subvencionará, en régimen de concesión directa, el coste de los avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).
–Incremento de la dotación aprobada para el Cuadragésimo Tercer Plan de Seguros Agrarios Combinados.
-El MAPA solicitará a Bruselas el aumento de los anticipos de las ayudas y la flexibilización de las condiciones de aplicación de la PEC.
Medidas hidrológicas que son consideradas insuficientes:
–Actuación sobre las tarifas para el agua desalada: serán una tarifas asumibles para el agua desalada a las Instalaciones Desaladoras de Agua de Mar (IDAM) y a las conducciones que tienen que salvar mediante elevaciones una gran diferencia de cota entre origen del recurso y demanda de destino.
Se actúa también sobre el coste del agua procedente de desaladoras de titularidad de la Administración General del Estado de hasta 0,450 €/m³, en presa de riego y con el coste del agua a la conducción Júcar-Vinalopó, fijándose unos precios por m³ de 0,295€ en presa de postrasvase. La fijación de estos precios máximos permitirá a los usuarios asumir los costes del recurso.
–Medidas para reducir efectos de la sequía a la cuenca hidrográfica del Guadalquivir y del Guadiana, que serán aplicables a determinadas unidades territoriales de escasez (UTES). Entre estas medidas destaca la reducción de entre el 50% y el 100% de las cuotas del canon de regulación y las tarifas de utilización del agua o la puesta en marcha de obras de emergencia en la demarcación del Guadalquivir con una inversión estimada de 9,65 millones de euros.
Reacciones del primer sector:
COAG considera que este paquete de medidas es insuficiente. La organización estima muy limitada la línea de ayuda para la bonificación de operaciones de financiación formalizadas a través de las entidades financieras. En relación con las cuotas de la Seguridad Social, solo se trata de un aplazamiento. En cuanto a las tarifas asumibles para los regantes, COAG apunta que el precio de 0,45€/m³ se quedan todavía por encima de la cuantía demandada como razonable por el sector de 0,30€/m³.
UPA Andalucía cree que las medidas van en buena dirección, pero no son suficientes. La organización pide un plan de ayudas directas por la sequía mediante la dotación de fondo Feader no ejecutados por las comunidades autónomas, un paquete de medidas que amortigua los costes de producción elevados, y mejoras en la cobertura de los seguros agrarios. En cuanto al precio del agua desalada, piden que el precio sea siempre los 0,30€/m³, sin que se limite hasta el año 2025 ni solo se aplique en periodos de sequía.
