Pacto PP-Vox Aragón: ‘Prioridad nacional’ se consolida y el fin de la ‘imposición del catalán’ redefine la política regional

El Partido Popular y Vox han sellado un nuevo acuerdo de coalición en Aragón, reeditando su alianza de gobierno y asignando tres consejerías a la formación de ultraderecha. Este pacto, que incluye una vicepresidencia con competencias en Desregulación, Servicios Sociales y Familia, así como las carteras de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y Medio Ambiente y Turismo, no solo consolida la gobernabilidad en la comunidad, sino que también refuerza una agenda política compartida que ya se vislumbró en Extremadura, con ejes clave como la «prioridad nacional» y un marcado giro en la política migratoria y lingüística.

La «prioridad nacional» como eje central de la gestión

Uno de los pilares fundamentales del acuerdo es la reafirmación de la «prioridad nacional» en el acceso a servicios y prestaciones. Este concepto, ya implementado en el pacto extremeño, se traduce en Aragón en medidas concretas. En el ámbito de la vivienda, por ejemplo, se establecerán requisitos de empadronamiento de hasta diez años para la compra de vivienda protegida y cinco para el alquiler social, priorizando a los ciudadanos con arraigo en la comunidad. Este enfoque se extiende también a la hora de acceder a ciertas prestaciones y servicios sociales, limitando su disponibilidad para personas en situación irregular a casos de urgencia vital, una política que busca profundizar el control sobre el padrón y la residencia efectiva.

El pacto, además, incluye la creación de un servicio específico para la verificación del fraude en prestaciones, con el objetivo de asegurar que las ayudas públicas lleguen exclusivamente a quienes cumplen los criterios establecidos, especialmente en lo referente al empadronamiento de inmigrantes.

Endurecimiento de políticas migratorias y control

En materia de inmigración, el acuerdo de Aragón adopta las demandas más firmes de Vox, reflejando de nuevo la línea pactada en Extremadura. El nuevo Ejecutivo se compromete a oponerse «por todos los medios legales, jurídicos y políticos» a cualquier mecanismo de reparto de migrantes, tanto mayores como menores de edad. Asimismo, se destinarán esfuerzos a facilitar el retorno de menores migrantes no acompañados a sus países de origen, buscando acuerdos que agilicen estas repatriaciones con sus familias.

Otras medidas incluyen la supresión de ayudas económicas a ONG que asistan a extranjeros, la prohibición de habilitar nuevas plazas en centros de acogida y la restricción del uso de prendas como el burka o el niqab en espacios públicos. En el apartado de seguridad, el pacto exige la publicación periódica de estadísticas de delincuencia vinculada a la inmigración, y promueve el «desahucio exprés» para combatir la ocupación de viviendas, negando el acceso a vivienda social a quienes hayan sido condenados por este delito.

El catalán: un cambio de rumbo en la política lingüística

Uno de los puntos más controvertidos del acuerdo se centra en la política lingüística. Bajo el epígrafe «libertad frente a adoctrinamiento e imposición», el pacto declara su intención de «librar Aragón de la imposición del catalán». Esta medida implica la supresión del Instituto Aragonés del Catalán, una entidad creada bajo la Ley de Lenguas de Aragón de 2009, que reconoce el catalán, junto al aragonés, como «lengua propia original e histórica» de algunos municipios de la comunidad. Esta decisión representa un giro significativo respecto a la protección y promoción de las lenguas cooficiales en la región.

En el ámbito educativo, el acuerdo también contempla la eliminación inmediata del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en los centros de Primaria y Secundaria de la región, una medida que también tiene precedentes en el pacto de Extremadura.

Medidas económicas, fiscales y sociales para Aragón

El pacto también aborda aspectos económicos y fiscales, replicando parte de lo acordado en Extremadura. Se aplicará una bajada anual y progresiva del 0,25% en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para rentas inferiores a 52.500 euros, buscando alcanzar una reducción del 1% al final de la legislatura. Se incluyen deducciones por hijos y por gastos en clases de apoyo, así como incentivos para la natalidad y la conciliación familiar.

Para combatir la despoblación, el acuerdo propone la deducción total del IRPF por nacimiento o adopción en el medio rural y la reducción del impuesto de Patrimonio para la compra de vivienda por jóvenes en municipios de menos de 10.000 habitantes. Además, se contempla la supresión de un impuesto medioambiental sobre la emisión de contaminantes en 2027 y la inversión de 135 millones de euros en un plan de carreteras regionales.

En cuanto a la vivienda, además de la «prioridad nacional», se promete la construcción de 4.000 viviendas públicas en cuatro años y rebajas en el impuesto de Actos Jurídicos Documentados para jóvenes y familias numerosas.

Impacto y consolidación de una agenda

El acuerdo de coalición en Aragón no es solo un pacto de gobierno local; es un reflejo de una tendencia política más amplia en España. Al replicar y consolidar medidas ya vistas en Extremadura, el Partido Popular y Vox están delineando una hoja de ruta común en diversas comunidades autónomas, con un fuerte énfasis en la inmigración, la fiscalidad, la familia y una reinterpretación de las políticas lingüísticas. La implementación de estas medidas en Aragón marcará un precedente importante para el futuro de la política regional y nacional.